Procuraduría General

Procuraduría Nacional Penal

La Procuraduría Nacional Penal es la dependencia específica de la Dirección Superior de la Procuraduría General de la República, encargada de representar al Estado en cualquier asunto, trámite o proceso penal en el que el mismo sea Víctima u ofendido.  Se responsabiliza de investigar, denunciar y acusar aquellos delitos que afectan el patrimonio del Estado, es decir, se encarga de la persecución de todas las acciones que afectan los intereses del Estado en materia penal, a fin de que los responsables de las mismas no queden impunes,  garantizando de esta manera, una tutela y defensa real de los intereses del Estado.

A partir del año 2007,  en respuesta a los crecientes vínculos entre la Delincuencia Organizada Trasnacional, la Corrupción Estatal y la Delincuencia Común,  y en cumplimiento a las políticas de enfrentamiento al crimen organizado y a la corrupción pública planteada por el  Gobierno de  Reconciliación y Unidad Nacional, la Procuraduría Penal adecuó su organización y sus recursos humanos en función de perfeccionar la capacidad y disponibilidad de sus fuerzas, organizándose  internamente en tres Unidades, a saber: 1) Unidad Especializada Anticorrupción Corrupción; 2) Unidad  Especializada contra el Crimen Organizado y 3) Unidad Especializada contra Delitos Económicos.

En el año 2009, se crea una nueva unidad dirigida a la defensa del Estado en materia Internacional, así como  el seguimiento y evacuación de Asistencias Legales Mutuas  Internacionales en Materia Penal, actividades que ya se venían realizando pero que por la especialidad era necesario que una unidad especializada asumiera esas actividades o funciones especificas dentro del área Penal,  es a través del decreto 19 del 2009, nuevo reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el que ya se incorporan las cuatro Unidades especializadas, incluyendo la Unidad de Asuntos Penales Internacionales, Derechos Humanos y Humanizados.

Marco Legal

La Procuraduría General de la República, fue creada conforme Ley Orgánica No. 411 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 244 del 24 de diciembre del año 2001, como una institución adscrita al Poder Ejecutivo con independencia funcional, teniendo a su cargo la representación legal del Estado de la República de Nicaragua, con funciones específicas de asesoría y consulta.

Mediante reglamentación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se creó la Procuraduría Penal como una Dirección específica para esta materia, fijándose como competencia la representación del Estado en cualquier asunto, trámite o proceso penal en que el mismo sea ofendido.

Al respecto el Decreto 19- 2009, publicado el 26 de marzo del año 2009 en el Diario Oficial, La Gaceta número 59, que establece el reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece, en su Capítulo III referido a las Procuradurías Nacionales, en la sección VIII, en relación a la Procuraduría Penal: 

Articulo 25. Competencia. La Procuraduría Penal representa al Estado. la Administración Públicas sus instituciones, órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos, empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas u organismos dependientes de algunas de ellas, en cualquier actuación, asunto, trámite o proceso penal en que se considere victima, ofendido o tenga interés.

Artículo 26. Unidad, Jerarquía y Especialidad. Los Procuradores con nombramientos en materia penal cumplirán sus funciones en nombre y representación del Procurador General de la República. Para ello, ejercerán las funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia penal. Para acreditar su representación bastará la presentación de su respectiva credencial.

La Procuraduría Penal, se organizará a través de Unidades Especializadas en el ejercicio de la investigación y la función acusadora. Para tales efectos, estará integrada por la Unidad Anticorrupción, Unidad Contra Delitos Económicos, Unidad Contra el Crimen Organizado y Unidad do Asuntos Internacionales Penales, Derechos Humanos y Humanitarios.

En los casos de las Procuradurías de los Departamentos, Regiones Autónomas, y Procuradurías Auxiliares de los Ministerios y demás Órganos de la Administración Pública, conocerán de todas las especialidades en materia penal según el territorio o la naturaleza de la entidad u Órgano.

Funciones 

Artículo 27. Funciones. Son funciones de la Procuraduría Penal, las siguientes:

1. Realizar la averiguación previa de hechos revestidos de carácter penal, conocidos a través de denuncia o de oficio y cuando sea procedente: denunciar, requerir y participar como parte víctima u ofendido ante los órganos de investigación penal por los hechos delictuosos que sean de su competencia.

2. Ejercer la representación del Estado en has formas previstas por las leyes, cuando figure como victima u ofendido en todos los procesos penates que deban ventilarse en los diferentes tribunales y juzgados del país, así como asesorar y coordinar a las Procuradores Itinerantes Nacionales, Procuradores Auxiliares, Procuradores Municipales, Departamentales y de las Regiones Autónomas y a los Procuradores Auxiliares de los Ministerios y demás Órganos de la Administración Pública, en materia penal para garantizar la correcta representación y defensa de los intereses del Estado.

3. Ejercer la acción civil en sede penal con la finalidad de solicitar la restitución, reparación del daño o indemnización por perjuicios cuando no se haya ordenado en la sentencia condenatoria firme, según proceda. Así mismo, la Procuraduría Civil podrá ejercer la acción civil que corresponda, conforme las leyes de la materia.

4. Tramitar las solicitudes de Auxilio Judicial Internacional en materia penal que se formularen a otros países o que se recibiere de otras autoridades homólogas, adentro del marco de aquellos Instrumentos Internacionales donde la Procuraduría General de la República ha sido designada como la Autoridad Central.

5. Tramitar todas las solicitudes procedentes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de su competencia, así como de cualquier organismo o Corte Internacional en donde el Estado de Nicaragua sea parte.

6. Coordinar, solicitar informes, documentos, expedientes o colaboración a las autoridades, funcionarios, empleados públicos e instituciones estatales en los plazos requeridos en la respectiva solicitud, para el ejercicio de IBS acciones legales necesarias en los asuntos de su competencia.

7. Dar seguimiento en lo que corresponda y sea pertinente a las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

8. Participar y asesorar en las instancias o comisiones que en los asuntes relacionados sobre materia penal se desarrollen a nivel nacional e internacional cuando la Dirección Superior lo considere procedente.

9. Formular informes acerca de cuestiones legales en materia Penal solicitados a la Procuraduría General de la República por los organismos competentes. Asimismo, evacuar dictámenes o consultas que en materia penal soliciten las instituciones de la Administración Pública,

10. Las establecidas en las funciones comunes de las Procuradurías Nacionales,  cuanto le sean aplicables y cualquier otra que sea asignada por la Dirección Superior.

11. Cualesquiera otras que les sean otorgadas por ley.

Entre otras funciones es dar seguimiento a los Asesores Legales de los Ministerios del Estado y demás órganos de la Administración Pública, que actúen por delegación de la Procuraduría General de la República en los juicios que se ventilan en su circunscripción, además de asesorar al Procurador General de la República y Sub-Procurador General en asuntos de su conocimiento.

Participar dentro del proceso Administrativo de Justicia por razón de la facultad constitucional y legal de ejercer como ofendido la acción penal a nombre del Estado.

Por su naturaleza jurídica, contrario a lo que se puede afirmar, defiere de las otras dependencias de la Procuraduría General, en cuanto que además de ser representante legal del Estado, sirve de asesoramiento y consulta legal en materia penal de las entidades del Estado.

A partir del año 2001, inmediato a su aprobación y promulgación de la Ley 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República esta dependencia desplegó su actividad y gestión dentro del marco de las exigencias que en nombre del Estado, investiga y reúne todos aquellos elementos que constituyen ilícitos en perjuicio del Estado para luego denunciarlo a las autoridades.

Unidades Especializadas de la  Procuraduría Penal

 

 

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