Procuraduría General

Con el fin de fortalecer la restitución de derechos de propiedad de los sectores más vulnerables de nuestro país, en cumplimiento de las políticas de ordenamiento territorial establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro Gobierno, se firmó hoy el Crédito con el Banco Mundial.

Este financiamiento es altamente concesional, a 40 años de plazo con diez días de gracia estará siendo ejecutado por la Procuraduría General de la República a través de la Intendencia de la Propiedad con la participación de INETER y la Corte Suprema de Justicia.

 

 



La utilización de los fondos de este préstamo está distribuido de la siguiente manera:

30 millones para continuar trabajando en la regularización y mejoramiento de los servicios de titulación y registro de la propiedad  que consiste en:

  • Trabajar en la actualización catastral de 123 mil 423 parcelas rurales y urbanas en Nueva Segovia, Jinotega y algunos municipios de Matagalpa, como continuidad, Chinandega, Estelí, Madriz y León.
  • Emitir alrededor de 90 mil documentos legales de propiedad.
  • Emitir e inscribir 167 mil 500 documentos registrales.
  • Medición de 2 mil 100 conflictos de propiedad surgidos  en la zona del Barrido Catastral con el proyecto anterior.
  • Continuar el esfuerzo de fortalecer los derechos de propiedad de los pueblos originarios de nuestra Costa Caribe con la demarcación y titulación de dos territorios indígenas o áreas complementarias beneficiando a 657 Mayangnas del Territorio Mayangna

Sauni Bu y 1, 857 Miskitos del Territorio Miskitu Indian Tasbaika Kum.

  • Demarcación de cinco áreas protegidas para continuar el compromiso con la Madre Tierra.
  • Destinar 8 millones de fondos de contingencia para respuesta a emergencias, dirigido a mejorar nuestra capacidad para responder de manera rápida y efectiva a situaciones de emergencias y desastres naturales.
  • Hay un componente de 2 millones que serán dirigidos para realizar una encuesta de medición  de pobreza para obtener información estadística actualizada sobre los cambios en los indicadores de pobreza, y de la situación de los derechos de propiedad de las personas que habitan en hogares urbanos y rurales del país.
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